Por Marisol Aguila Bettancourt. Periodista y crítica de cine.
La complicidad civil en el terrorismo de Estado perpetrado en la última dictadura argentina se expone a nivel superlativo cuando los propios jueces que debían administrar justicia, no sólo no investigaron, sino que garantizaron la impunidad. En connivencia con los represores, los magistrados obstruyeron la justicia por más de treinta años (en dictadura y democracia), sin atender los recursos de amparo interpuestos por los familiares mientras seguían ocurriendo los secuestros, las detenciones en centros clandestinos y desapariciones, por lo que fueron juzgados en el inédito juicio a los miembros de la Justicia Federal de la Provincia de Mendoza en 2013.
«El mal absoluto» (2023) de Ciro Néstor Novelli sigue la senda del cine argentino de recuperar la memoria a través de los juicios por violaciones de derechos humanos, en que se inscribe la premiada ficción basada en hechos reales Argentina 1985 de Santiago Mitre y el extraordinario documental El Juicio de Ulises de la Orden, pero esta vez a nivel provincial, reivindicando el rol de la instancia federal en la justicia transicional argentina.
En Chile, no ha habido juicios a civiles ni «cómplices pasivos». En 2013, la Asociación de Magistrados pidió perdón a las víctimas; mientras la Corte Suprema únicamente reconoció dejación y omisiones por parte de los tribunales de justicia durante la dictadura.
Después de tres años de juicio y 200 jornadas de debate, en un acto de reparación para las víctimas fueron condenados cuatro jueces a cadena perpetua por delitos de lesa humanidad que son inamnistiables, entre ellos el juez federal Luis Francisco Miret, que durante la dictadura se declaraba competente en los casos y luego los archivaba, y en democracia siguió operando en complicidad con los opresores.
En Chile, no ha habido juicios a civiles ni «cómplices pasivos». En 2013 la Asociación de Magistrados pidió perdón a las víctimas. Los jueces lamentaron «la inadmisibilidad o rechazo por parte de los tribunales de justicia de los miles de recursos de amparo interpuestos por familiares de las víctimas de la dictadura; la negativa sistemática a investigar las acciones criminales perpetradas por agentes del Estado; y la renuncia a constituirse en centros de detención y tortura. Mientras, la Corte Suprema únicamente reconoció dejación y omisiones por parte de los tribunales de justicia durante la dictadura.
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