
Por Marisol Aguila Bettancourt. Periodista y crítica de cine.
La libertad creativa de una ficción basada en hechos reales, puede pasar por encima de la voluntad de los protagonistas de la dramática historia de desaparición de un joven, que destrozó su vida familiar y conmocionó al país? Una familia que perdió a su hijo y no encontró justicia podría revivir su dolor y sentirse revictimizada al convertirse en una serie su drama, sin su consentimiento (salvo cambiar los nombres originales de la familia Matute Johns a Montoya Font)?
«Alguien tiene que saber», la miniserie de ocho capítulos que ficcionaliza el asesinato del joven penquista Jorge Matute Johns en 1999, llega a Netflix cargada por la polémica entre María Teresa Johns, madre de «Coke», y la productora Fábula, a quien acusa de lucrar con el dramático caso de su hijo, que a un día de su estreno está en primer lugar en series en la plataforma de streaming a nivel nacional.

El eje narrativo se centra en la investigación que lleva adelante el prefecto de la PDI Montero (con un Alfredo Castro que va de menos a más) por la desaparición de «Juli» de la discoteca «La cucaracha» (el nombre real se mantiene en la serie), que llega a Concepción con su equipo desde Santiago para investigar el caso, sin lograr resultados concretos mientras pasa el tiempo y aumenta la presión social, lo que va desestabilizándolo emocionalmente y socavando su autoridad.
En términos actorales, la memorable interpretación de Paulina García de la madre de Juli, Vanessa, impresiona además de su similitud física en sus expresiones, por la intensidad de la búsqueda incansable de su hijo, logrando una movilización ciudadana que clama por justicia. La escena en que una mañana llama a su hijo a tomar desayuno y éste no contesta porque ya no está en la casa, definitivamente para los pelos por su intensidad dramática.
El sufrimiento del padre San Martín, que se debate entre el secreto de confesión y la justicia, es humanizado y conflictuado magistralmente por el actor Gabriel Cañas, que en el capítulo cinco protagonizará una política y fundamental prédica, denunciando la corrupción y la cobardía del sistema vinculadas al caso. «Si hay alguien que sabe que pasó es el cura», señala en su desesperación por no encontrar culpables el prefecto Montero. Mientras la madre acusa la complicidad de las instituciones en la ausencia de justicia, incluida la iglesia.
En un lenguaje cotidiano, coloquial y con chilenismos (que requieren subtítulos en español), la miniserie dirigida por Pepa San Martín y Fernando Guzzoni fluye ágilmente a ritmo de thriller policial, desarrollando hábilmente los conflictos institucionales entre Carabineros e Investigaciones; las presiones de un caso de alta conmoción social; los de un equipo de investigación desgastado; y, sobre todo, los internos, entre el sigilo espiritual, el deber ser y la búsqueda de la verdad.
Filmada principalmente en Concepción en la exhuberante geografía y bosques de la Región del Biobío, la miniserie cuenta con una notable banda sonora de fines de los noventa con canciones del grupo Nadie o Virus, con ausencia de celulares como característica de una época donde no existían las cámaras de los dispositivos para captar evidencias.
El bullado caso Matute Johns, después de 27 años no cuenta con sentencia condenatoria, dejando una herida abierta para la madre y el hermano que le sobreviven a «Coke» (su padre, dirigente sindical de la Enap, falleció en 2011 y su personaje no aparece en la película). La falta de consentimiento de la familia abre interrogantes sobre quién es dueño de las historias de alta conmoción social y cuáles son los límites en un caso trágico de la vida real, en que nadie nunca nadie supo.-

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